Figurar en el registro de ASNEF conlleva una serie de dificultades en la vida cotidiana del individuo afectado, ya que se le dificultará la adquisición de una amplia gama de servicios y productos básicos, desde una línea telefónica hasta una tarjeta de crédito.

Las listas de morosos son ficheros que recogen datos de impagos de personas tanto físicas como jurídicas.

Entidades como las compañías de servicios básicos (electricidad, agua, gas, telefonía, etc.), las aseguradoras y las instituciones financieras, entre otros, pueden revisar el fichero ASNEF cada vez que un cliente potencial desee adquirir sus productos o servicios.

En caso de que la persona se encuentre en este registro de morosos, es posible que estas empresas decidan negar directamente la contratación, imponer mayores obstáculos y requisitos, o aumentar las tarifas al considerar al cliente como un riesgo más elevado.

Sin embargo, muchas empresas no se limitan a verificar la presencia del cliente en ASNEF, sino que también examinan detalladamente la información contenida en el fichero para evaluar el nivel de riesgo del cliente.

No es igual tener una deuda menor con una única empresa que una más significativa con múltiples entidades.

De igual manera, ciertas empresas toman en consideración el ámbito de actividad de la empresa con la que el cliente tiene deudas pendientes. Por ejemplo, numerosas instituciones de crédito admiten a individuos registrados en ASNEF siempre y cuando no tengan deudas pendientes con otras entidades financieras. En resumen, estar inscrito en ASNEF es un problema.

Para contestar a la pregunta ¿Quién puede consultar los ficheros de morosos?

Hay que  basarse en lo establecido por la Agencia Española de Protección de Datos, en su Resolución de 27 de febrero de 2001, en cuyo Fundamento Jurídico II establece:

“… la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías establecidas en la Ley, y por extensión lo mismo ocurrirá con los profesionales que organizan su actividad bajo la forma de empresa (ostentando, en consecuencia la condición de comerciante a la que se refieren los artículos primero y siguientes del Código de Comercio) y con los empresarios individuales que ejercen una actividad comercial y respecto de las cuales sea posible diferenciar su actividad mercantil de su propia actividad privada, estando en el primer caso excluidos también del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999”.